Cuando el agua no llega: migración, desigualdad y vida cotidiana.

 

En Costa Rica, el acceso al agua potable está reconocido como un derecho humano. Así lo establece la Constitución Política y diversos instrumentos internacionales ratificados por el país. Sin embargo, en la práctica, este derecho no se garantiza de manera equitativa en todos los territorios. En comunidades del Gran Área Metropolitana (GAM), la escasez y los problemas de calidad del agua se han convertido en una experiencia cotidiana que afecta de manera particular a poblaciones vulnerables, entre ellas personas migrantes.

Aunque Pavas, al oeste de San José, es una de las zonas donde el problema se ha vuelto más visible, la falta de agua no es exclusiva de esta comunidad. En cantones como Alajuelita y Guadalupe, vecinos y vecinas también han denunciado cortes prolongados del servicio, que en algunos casos se extienden por varios días. En estos lugares, la respuesta comunitaria ha incluido la recolección de firmas y manifestaciones públicas para exigir soluciones ante la interrupción constante del suministro.

En barrios como Lomas de Pavas, el agua no fluye durante el día. Llega de madrugada, por pocas horas, y en ocasiones desaparece durante varios días consecutivos. Esta situación obliga a las personas a reorganizar su vida alrededor de un recurso básico que debería estar garantizado.

“Está muy difícil el acceso al servicio de agua. Viene solo una hora, a veces a las diez u once de la noche, y se quita a las dos de la mañana. A veces pasan dos o tres días sin agua. Tenemos niños pequeños y es muy duro”, relata Esther González, madre migrante nicaragüense y vecina de Pavas.

Para Esther, la falta de agua no es solo una incomodidad. Afecta directamente la crianza, la higiene y la salud de su familia. La llegada del agua en horas nocturnas obliga a permanecer despiertos para almacenar lo necesario, aun cuando al día siguiente haya que trabajar o llevar a los niños a la escuela.

La situación también impacta a otras personas migrantes que viven en la comunidad. Betty Fernández, migrante nicaragüense y vecina de Pavas, explica que el problema no es reciente. Desde su experiencia, la falta de agua se ha prolongado por casi un año, con interrupciones diarias que limitan actividades básicas como cocinar o asearse después de la jornada laboral.

Conocer los derechos, pero temer denunciar

Las personas migrantes entrevistadas en Pavas señalan que, aunque conocen que el acceso al agua es un derecho humano reconocido en Costa Rica, existe temor a denunciar o a expresarse públicamente debido a su condición de extranjeras. Este miedo no se relaciona con desconocimiento legal, sino con la preocupación de exponerse ante autoridades o instituciones, lo que contribuye a que muchas situaciones no se formalicen ni queden registradas.

Este silencio forzado termina profundizando la invisibilización del problema y limita la presión social necesaria para exigir respuestas estructurales.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la falta de acceso al agua no puede analizarse como un problema individual. Así lo explica Yader Valdivia, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, una organización conformada por personas nicaragüenses en Costa Rica que documenta violaciones a derechos humanos tanto en Nicaragua como en contextos de desplazamiento.

El Colectivo ha observado que muchas personas migrantes enfrentan barreras en el acceso a derechos básicos como salud, vivienda, educación y agua. Aunque Costa Rica reconoce formalmente estos derechos, su garantía no es homogénea en todo el territorio.

Según Valdivia, factores como el alto costo de la vivienda, la informalidad habitacional y la exclusión territorial empujan a muchas personas migrantes a asentarse en zonas periféricas, donde la infraestructura es limitada y los servicios básicos son inestables. En este contexto, la falta de agua se convierte en una carga adicional para poblaciones que ya enfrentan múltiples formas de vulnerabilidad.

El estatus migratorio, subraya, no debería influir en el acceso a derechos fundamentales. El agua es un derecho social y comunitario, cuya exigencia beneficia a toda la comunidad y no solo a quien la reclama.

La dimensión ambiental del problema

Más allá del impacto social, la crisis del agua también tiene una dimensión ambiental. José Fournier, ambientalista con experiencia en la gestión del recurso hídrico, explica que en los últimos años no solo ha disminuido la disponibilidad de agua, sino que también se ha deteriorado su calidad.

En distintas regiones del país existen fuentes de agua contaminadas con arsénico u otros químicos, lo que representa un riesgo directo para la salud humana y para los ecosistemas. La contaminación del agua no siempre es visible y, en muchos casos, se normaliza su consumo por falta de alternativas.

Cuando se afecta una cuenca —ya sea por contaminación o por sobreexplotación— no solo se ve afectada la población humana. Ríos, acuíferos, flora y fauna forman parte de un mismo sistema interconectado. Desde esta perspectiva, el acceso al agua es también un derecho ambiental, vinculado al derecho a un ambiente sano.

La respuesta institucional y sus límites

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha señalado que muchos de los problemas de abastecimiento se deben a deficiencias históricas en los sistemas de tuberías, que durante años no contaron con un diseño ni mantenimiento adecuados. Según la institución, fue hasta hace poco que se comenzaron a realizar trabajos para corregir estas fallas estructurales.

No obstante, a pesar de estas intervenciones, los cortes prolongados continúan en comunidades como Pavas, Alajuelita y Guadalupe. Esto evidencia que, aunque las obras en infraestructura son necesarias, aún no han sido suficientes para garantizar el acceso continuo y seguro al agua.

Un problema que va más allá de un barrio

La situación en Pavas no es un caso aislado. Las acciones comunitarias en otros cantones de San José muestran que se trata de un problema estructural que atraviesa distintos territorios del país y que combina fallas en infraestructura, gestión del recurso y desigualdades sociales.

Mientras tanto, en Pavas, la vida sigue marcada por horarios impuestos por la escasez. Baldes, recipientes y tanques improvisados forman parte de la rutina diaria. La falta de agua no es solo una falla técnica: es una expresión concreta de desigualdad social, ambiental y territorial, donde la migración se cruza con la exclusión.

Reconocer estas realidades es un paso indispensable para que el derecho al agua —y a un ambiente sano— deje de ser una promesa escrita y se convierta en una experiencia cotidiana para todas las personas.

Con el auspicio del Fondo de Canadá, para iniciativas locales de la Embajada de Canadá para Costa Rica, Nicaragua y Honduras.